Los trágicos eventos del 11 de setiembre en los Estados Unidos han planteado preguntas sobre las políticas de inmigración de Canadá. El Embajador de Estados Unidos en Canadá y algunos legisladores al sur de la frontera han sugerido enfáticamente que las políticas de inmigración de Canadá deberían estar armonizadas con las políticas de inmigración de los EE.UU. Las autoridades canadienses no deben y no pueden acceder a estas solicitudes.

Es cierto que una respuesta adecuada a estos eventos necesita una reexaminación de la manera en que los extranjeros pueden entrar a y a través de las fronteras de Canadá. Los devotos acérrimos de la soberanía de Canadá no dudarán en indicar debilidades dentro del sistema migratorio de Estados Unidos, que pueden haber permitido la entrada de las personas responsables por los ataques terroristas a través de sus propias fronteras desde Canadá, o con más probabilidad, desde otros puntos de entrada.

Incluso más apremiante en este momento es la necesidad inmediata de evaluar la manera en que las agencias gubernamentales regulan las industrias aéreas y marítimas en Canadá y los Estados Unidos, para asegurar el transporte seguro de pasajeros y bienes dentro y entre nuestros países. La seguridad aeroportuaria y aérea de ambos países tiene obvias fallas y violaciones de seguridad en nuestros puertos marítimos que son bastante problemáticas, actualmente.

Igualmente evidente es el completo fracaso de las agencias de orden público de los Estados Unidos, incluyendo el FBI, la CIA y la NSA, que de nuevo fallaron al no detectar los esfuerzos de una red establecida de terroristas que ejecutó esfuerzos sofisticados y prolongados para desatar esa devastación y destrucción en suelo americano.

Pero, como socio de una de las alianzas económicas más grandes del mundo,  y un país cuya seguridad nacional depende en alto grado de los Estados Unidos, ¿cómo responde el Gobierno de Canadá a los hechos concretos llevados a la luz por el Servicio Secreto de Inteligencia de Canadá de que más de 50 grupos militantes, como el grupo Al Qaeda de Osama bin Laden, Hezbolllah, los Tigres de Tamil, militantes sikh, así como antiguos criminales de guerra de Ruanda, Bosnia y otros países víctimas del genocidio, continúan encontrando refugio y realizando sus actividades de recolección de fondos dentro de Canadá? Además, no se puede discutir que las políticas migratorias de refugio canadienses, que permiten la entrada incondicional al país de miles de candidatos indocumentados cada año, crean un riesgo mayor para nuestra seguridad nacional.

En respuesta, los funcionarios de inmigración canadienses sin duda señalarán la implementación planeada de la Ley C-11, un reemplazo legislativo exhaustivo de la Ley de Inmigración actual, que pasó a través del parlamento con mayoría liberal este verano y se va a debatir esta semana en el Senado con mayoría liberal, para su inminente aprobación. Los funcionarios de inmigración también señalarán a una nueva ley ómnibus que se introdujo recientemente para facilitar la deportación de candidatos a refugio de los que se sospecha tienen lazos con grupos terroristas conocidos, así como con individuos con antecedentes criminales.

Pero ante los recientes eventos en Nueva York y Washington, los críticos han señalado que las nuevas leyes migratorias de Canadá, promovidas por el actual Ministro de Inmigración como mano dura con los criminales, no resuelve muchos de los profundos problemas relacionados a las políticas que se han mantenido en el pasado, especialmente en el área del proceso de selección para importantes puestos con poder de decisión, la falta de responsabilidad de los que toman las decisiones y la relativa facilidad con la que los candidatos a refugio indocumentados están siendo admitidos al país mientras esperan el resultado de sus solicitudes. Los críticos también han señalado que las leyes propuestas simplemente descarga la esencia de las futuras políticas migratorias a un proceso regulatorio indefinido actualmente, que requerirá muchos meses para redactar y que tendrá el efecto de aislar a los que toman las decisiones, así como al Ministerio de Inmigración, de las revisiones y balances que han sido un distintivo del proceso democrático canadiense en el pasado.

La política de inmigración canadiense está diseñada para promover intereses domésticos e internacionales que toman en consideración requerimientos demográficos, así como acuerdos internacionales de los cuales Canadá es un signatario. La caída en la tasa de nacimientos en Canadá, una población que envejece y la frecuencia en que trabajadores canadienses se mudan a Estados Unidos buscando mejores oportunidades es la base para la actual política de inmigración, que se espera admita 250,000 inmigrantes este año, el número más alto desde 1956. Canadá, a diferencia de los Estados Unidos, admite tres veces el número de inmigrantes en proporción a sus respectivas poblaciones y en los niveles actuales, representa el 75 por ciento del crecimiento de la mano de obra. Debido únicamente a estas razones, las políticas de inmigración entre los dos países no pueden ser muy similares.

Sin embargo, el gobierno actual está poniendo resistencia al argumento de que las políticas de inmigración de Canadá no pueden armonizarse con los Estados Unidos, que debe reconocer que la manera en que administra sus programas de inmigración masiva tienen serios defectos, que además de los ajustes planeados en las áreas de orden público, prestación de servicios, determinación de refugiados y selección de extranjeros para Canadá, también necesitará un significativo aumento en el financiamiento, mucho más allá de los niveles actuales. El recorte de recursos, consecuencia del plan del gobierno liberal de reducir el déficit nacional de Canadá durante los últimos años, ha sido una gran fuente de problemas para el Ministerio de Inmigración de Canadá. La falta de financiamiento en el campo de la inmigración es evidente entre los profesionales, debido a la continua caída en los estándares de servicios, una creciente autosuficiencia e indiferencia entre el personal de servicio exterior, y por el continuo uso de personal no calificado en las audiencias de la Junta de Inmigración y Refugiados, Puertos de Entrada, Centros de Procesamiento Central y por el uso de funcionarios de inmigración que no son canadienses con la completa autorización para tomar decisiones en oficinas de visado canadienses en el exterior. Claramente, el gobierno de Canadá está enfrentando grandes retos al ejecutar sus objetivos, para asegurarse que aquellos que admitimos en este país son procesados dentro de los marcos de tiempo razonables y no presentan una amenaza a Canadá o nuestros vecinos al sur.

Actualmente se están realizando esfuerzos para expandir más las estrategias cooperativas con los Estados Unidos, en el área de inteligencia compartida, administración de aduanas y políticas de ingresos y procedimientos conjuntos de seguridad con agencias gubernamentales en los Estados Unidos, con el fin de asegurar más nuestros perímetros norteamericanos. Esas iniciativas también incluyen compartir información y bases de datos electrónicas con fuerzas de orden público entre los países miembros del G8.

Los recientes anuncios del gobierno de Canadá de implementar legislación que prohíba la práctica de recaudación de fondos por grupos terroristas que usan esos fondos para realizar actividades destructivas son otro paso más en dirección a lidiar con la conexión canadiense en el problema de terrorismo global. Sin embargo, estos anuncios dependerán de la asistencia de los recursos de recolección de inteligencia de Canadá, que han sido criticados fuertemente en el pasado debido a sus defectos.

Existen medidas adicionales que debemos considerar para mejorar la seguridad nacional y que tienen un impacto mínimo en la implementación de reformas legislativas planificadas. Primero, debemos introducir sin mayor retraso el uso de pasaportes y tarjetas de residencia con información encriptado, como es el estándar en la mayoría de países occidentales. Las prácticas inferiores de documentación de identidad canadienses son un blanco conocido para contrabandistas, agencias de servicio secreto extranjeras (un gobierno extranjero se ha referido al uso de pasaportes canadienses para sus propias operaciones encubiertas en el pasado), grupos terroristas y militantes alrededor del mundo, por este motivo.

Debemos considerar adaptar un enfoque más duro y mucho más caro para la administración de candidatos indocumentados a refugio, al detener un gran número de esos individuos hasta que se pueda finalizar suficientes y oportunas verificaciones de antecedentes médicos y de seguridad. Bajo la práctica actual, los candidatos a refugio son admitidos inmediatamente (sin pruebas médicas) después de un proceso de revisión mínimo en el puerto de entrada. Las revisiones de antecedentes de seguridad recién comienzan después de que se ha aprobado al candidato a refugio. En los EE.UU. y Australia, los candidatos de asilo indocumentados son detenidos bajo la legislación obligatoria. A pesar que la detención de candidatos a refugio indocumentados está permitida bajo la existente ley canadiense, casi nunca se usa. Las reformas propuestas para la revisión de seguridad de candidatos a refugio al principio del proceso deberán usarse conjuntamente con el aumento de detenciones de candidatos  indocumentados. Es en la etapa de entrada inicial cuando los candidatos  a refugio presentan el mayor riesgo de seguridad.

Bajo la actual política de inmigración, la revisión de antecedentes de seguridad obligatoria se realiza para personas que quieren entrada permanente a Canadá. Por lo general los candidatos para visas de no-inmigrantes que buscan admisión para visitar, estudiar o trabajar en Canadá, no son sometidos a ningún tipo de revisión de antecedentes de seguridad. Las personas de los países designados deben obtener una visa de entrada y para demostrar como condición de la emisión de la visa, la probabilidad de que dejen Canadá al momento que su visa expire. Podría parecer que los recientes eventos en los Estados Unidos justifican la necesidad de introducir medidas de revisión de antecedentes de seguridad para candidatos de visa de no-inmigrantes seleccionados.

Al mismo tiempo que reaccionamos con horror a los recientes eventos al sur de nuestra frontera, Canadá debe resistir las llamadas a armonizar sus leyes de inmigración con los Estados Unidos o comprometer nuestros principios democráticos, que son la envidia del mundo. Sin embargo, los legisladores canadienses y los creadores de políticas, que sin duda están bien al tanto de las objeciones presentadas por muchos, deben asumir la responsabilidad inmediata de tratar efectivamente las fallas que siguen existiendo en la administración y el financiamiento de los programas de inmigración de Canadá, que la reforma legislativa sola no podrá resolver.