El Parlamento Canadiense está debatiendo la reforma de seguridad nacional más importante del país en más de una década. La ley propuesta, conocida como Proyecto de Ley C-51, complementaría las leyes antiterroristas que se promulgaron después del 11 de setiembre.
El Proyecto de Ley C-51, propuesta en enero por el gobierno conservador del Primer Ministro Stephen Harper, es una respuesta altamente politizada a los ataques terroristas en Ottawa en octubre, en un año de elección parlamentaria. Debido a que los conservadores controlan la Cámara de los Comunes, se espera en general que pase antes que el Parlamento se disuelva en junio.
El Proyecto de Ley C-51 facilita el intercambio de información entre varias instituciones federales, sin límites sólidos sobre cómo se puede usar (o abusar) la información. Este es un gran desarrollo para un país que en el 2007 aceptó pagar millones para compensar a un ciudadano canadiense que sufrió torturas en el extranjero debido a un intercambio de inteligencia impreciso. La legislación también aumentaría el poder de la policía para detener o restringir preventivamente a sospechosos de terrorismo.
El principal objetivo de la ley es mejorar los poderes cubiertos de los servicios de seguridad canadienses. Canadá tiene una fuerza policial nacional y un servicio de inteligencia principalmente interno, el Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (C.S.I.S., por sus siglas en inglés). Estas organizaciones no siempre han trabajado bien juntas. Se sabe que los espías y la policía han perseguido los mismos blancos sin éxito. Además, el espionaje ha complicado los esfuerzos policiales por presentar cargos en un tribunal: El C.S.I.S. frecuentemente intenta proteger sus fuentes y métodos en procedimientos criminales que requieren total transparencia.
La investigación del ataque de Air India en 1985, cuando una bomba explotó en un avión en ruta desde Toronto a Nueva Delhi, matando a 329 personas, es un perfecto ejemplo de esta desorganización. El Proyecto de Ley C-51 le da prioridad al C.S.I.S. y le permite realizar investigaciones sin asistencia de la policía.
El Proyecto de Ley autorizaría al C.S.I.S. a «tomar medidas, dentro o fuera de Canadá para reducir» amenazas a la seguridad nacional. El gobierno dice que esto permitiría un rango de valiosas acciones, como permitir que agentes de C.S.I.S. hablen con los padres de potenciales terroristas.
Si se aprueba este proyecto de ley, el C.S.I.S. podría bloquear el regreso de canadienses que están peleando fuera, retirar publicaciones en la web que considere amenazantes, drenar cuentas bancarias, realizar campañas de desinformación o saltear canales policiales tradicionales para detener sospechosos. Los únicos límites establecidos explícitamente en el Proyecto de Ley C-51 son actos que ocasionen la «muerte o lesión corporal», la voluntaria obstrucción de la justicia o violación de la integridad sexual.
Si los gobiernos extranjeros han evitado hasta ahora comentar públicamente la legislación propuesta, hay dos características que resaltarán para la comunidad internacional. El Proyecto de Ley C-51 permitiría intervenciones de la C.S.I.S. más allá de las fronteras canadienses y le daría poder a tribunales canadienses para autorizar comportamiento de la C.S.I.S. que viole «cualquier otra ley, incluyendo la de cualquier estado extranjero».
El Proyecto de Ley C-51 sólo requerirá garantías en caso de la potencial violación de la ley canadiense o su Constitución, que casi nunca se aplica fuera del país. Por ende, no habría mucha supervisión judicial de las actividades de C.S.I.S.
Además, los mecanismos de revisión de seguridad independientes de Canadá están desactualizados. Los legisladores canadienses rara vez tienen acceso a información de seguridad nacional clasificada, lo que significa que generalmente no tienen suficientes detalles de las operaciones activas. El Proyecto de Ley C-51 no incluye disposiciones para corregir esto o para fortalecer vigilantes externos como SIRC.
El Proyecto de Ley C-51 enfrenta una dura oposición por el Nuevo Partido Democrático y ha generado preocupación en los grupos de libertades civiles, abogados y académicos. Los Conservadores están listos para pasar la legislación antiterrorista antes de las elecciones generales en Octubre y una vez promulgada, el Proyecto de Ley C-51 probablemente entraría en efecto inmediatamente.
A pesar de las crecientes protestas, los Conservadores no han mostrado un verdadero interés en modificaciones, incluso con el mayor número de protestas.
Antes de las elecciones federales del 2006, los Conservadores se presentaron con una plataforma de construir un verdadero servicio de inteligencia extranjero. Hoy día, los líderes políticos del partido están intentando reconstruir una agencia de seguridad nacional en una con mayores poderes extranjeros. Al estar supervisado parcialmente por jueces e incluso menos responsable frente a los organismos fiscalizadores nacionales, estaría autorizado para actuar fuera de la ley dentro y fuera del país.
Fuente: New York Times