30 de enero del 2017 – La orden ejecutiva del Presidente Donald Trump sobre los refugiados es un acto vergonzoso del Gobierno de Estados Unidos en muchos aspectos.
Dicha orden, emitida el 27 de enero del 2017 y sin previo aviso, plantea una suspensión inmediata de cuatro meses del programa de refugiados de Estados Unidos, prohibiendo todos los refugiados en Estados Unidos, permitiendo al Gobierno de reevaluar la manera en que los refugiados son vetados.
En particular, impide la entrada de nacionales sirios como refugiados, hasta que el Presidente Trump determine que se han realizado cambios suficientes al Programa de admisión de refugiados de Estados Unidos.
La orden, titulada «Protegiendo a la nación contra la entrada de terroristas extranjeros a Estados Unidos», coincide con el aniversario del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, fecha establecida por la ONU para que los países miembros honren la memoria de las víctimas del Holocausto.
La resolución 60/7 conmemora el genocidio que trajo consigo la muerte de cerca de 60 millones de judíos, así como la de otras 500 000 personas, por el régimen nazi. La orden del Presidente Trump recuerda el desvío de la SS St. Louis, un navío de refugiados judíos al cual se le negó la entrada a Estados Unidos en 1939, donde muchos de sus pasajeros murieron más tarde en el Holocausto.
Esto impide efectivamente la entrada de decenas de refugiados, incluyendo aquellos que llegaron a los aeropuertos de Estados Unidos, los que se encontraban de tránsito hacia los Estados Unidos o se preparaban para abordar vuelos hacia el país, y comprende los refugiados sirios y los iraquíes que proporcionaron ayuda a las fuerzas estadounidenses, y ya habían sido vetados y aprobados bajo la administración anterior.
Se trata de refugiados inmigrantes, reconocidos por Estados Unidos, que huían de países desvastados por la guerra y poseían visas válidas para las cuales han pasado años de extensa investigación y procesamiento, incluyendo múltiples pasos de verificaciones internacionales. Estas personas podrían verse obligadas a regresar a los campos de refugiados mientras el Gobierno reevalúa sus políticas indefinidas.
La orden también bloquea la entrada a Estados Unidos durante 90 días a ciudadanos de siete países en su mayoría musulmanes: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Ninguno de estos países ha tenido ni un ciudadano involucrado en un ataque terrorista en territorio americano, lo que provoca dudas sobre la efectividad de la orden.
Inicialmente, fueron incluidos en la orden aquellos que tenían Green Card de Estados Unidos, pero la administración americana se retractó de esta situación frente a la creciente presión. La orden ejecutiva reduce igualmente a la mitad a 50 000 la cantidad de refugiados que serán admitidos en Estados Unidos en el 2017.
La prohibición no tendrá incidencia en los ciudadanos canadienses con una doble ciudadanía en uno de los países mencionados. Tomará unos días antes de que se sepa con certeza si los residentes permanentes en Canadá que viajan con pasaporte de uno de los países mencionados en la orden ejecutiva, serán afectados.
El Gobierno canadiense, junto con los líderes de los gobiernos provinciales y municipales, así como los defensores de las libertades civiles de todo el mundo, han expresado su indignación frente a este controvertido hecho.
EL Primer Ministro Justin Trudeau publicó en Tweeter: «Para aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses los acogerán independientemente de su creencia». La diversidad es nuestra fuerza #WelcometoCanada’’. Trudeau llegó al poder en el 2015 sobre la base de una promesa electoral que resultó el reasentamiento de 40 000 refugiados sirios.
La orden ejecutiva sigue la promesa de la campaña electoral general del Presidente Trump y ha sido puesta en marcha sin una instrucción y coordinación ordenada entre los organismos concernientes, obligando a los funcionarios de las fronteras estadounidenses a luchar con su aplicación.
Una nube de incertidumbre rodea la manera en que la administración debe ejecutar la orden que afectará a miles de ciudadanos con doble nacionalidad.
En el 2011, el Departamento de Estado de Estados Unidos detuvo el procesamiento de solicitudes de los refugiados iraquíes durante seis meses después de que el Buró Federal de Investigación descubriera las pruebas de que varias decenas de terroristas de Iraq se habían infiltrado en Estados Unidos a través del programa de refugiados.
En la actualidad, en ausencia de una amenaza creíble que investigue a los refugiados, y en particular aquellos de Siria, representa un riesgo inmediato, la prohibición de los refugiados aprobados por el gobierno estadounidense.
Ya se han iniciado demandas judiciales exitosas. Un juez federal de Brooklyn emitió una suspensión a nivel nacional, bloqueando una parte de las acciones del Presidente e impidiendo al Gobierno de expulsar a algunos recién llegados que se encuentran atrapados por la orden presidencial.
La jueza Ann Donnelly afirmó que el envío de los viajeros a casa podría causarles «un daño irreparable». Declaró que el gobierno fue «obligado y restringido, de cualquier manera y por cualquier medio, de la eliminación de la personas» que habían llegado a Estados Unidos con una visa válida o con la condición de refugiado.
Uno de los días más sombríos de Canadá llegó cuando aplicó una política de ‘ninguno es demasiado’ en respuesta a los millones de refugiados judíos que huían de la Alemania nazi. Pero no se puede cerrar los ojos ante lo que parece ser una acción ilegal tomada por la administración de Trump, prohibiendo la entrada a Estados Unidos de una cierta cantidad de personas perseguidas.
El primer ministro Trudeau debe en estos momentos darle efecto a la posición del gobierno expidiendo inmediatamente los permisos de estancia temporal a los refugiados desplazados, incluyendo a los sirios, que se estima atañe entre 300 y 500 personas.
También debería considerar la posibilidad de suspender su participación en el Acuerdo Canadá – Estados Unidos de Terceros Países Seguros, que obliga a los gobiernos de ambos países a compartir la responsabilidad de proteger a los refugiados que llegan a sus fronteras.
Si Estados Unidos niega el acceso a los refugiados aprobados y examinados, es sin duda una violación al acuerdo del 2004. Es poco probable que Canadá adopte este punto de vista tratando de minimizar los efectos de las nuevas medidas que la administración de Trump pretende invocar, incluida la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá.
Las últimas políticas proyectan a Estados Unidos como anti-islamista. Las únicas personas que celebran esas políticas perversas son los extremistas, las mismas personas que Trump está tratando de evitar. Los aliados de Estados Unidos en Europa han expresado objeciones unánimes a estas políticas. Canadá está ahora en condiciones de conducir un rechazo concertado dando la entrada inmediata a todas las personas desplazadas, no solamente a la cantidad mínima bloqueada en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Lamentablemente, este es un resultado poco probable.
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